Alrededor de la Zona Metropolitana de Guadalajara pasa el cauce del río Santiago, actualmente considerado como uno de los ríos más contaminados del país por la gran cantidad de contaminantes tóxicos que son desechados en estas aguas.

El olor intoxica y los vecinos se siguen enfermando por la contaminación del río Santiago, cargado de metales pesados. Esto fue revelado por un estudio realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en 2010 y que ocultaron las autoridades del Gobierno de Jalisco durante una década.

Desde 2019 se puso en marcha la estrategia “Revivamos el Río Santiago”. Uno de sus propósitos es que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) sancione a las empresas, industrias o granjas contaminantes. Sin embargo, de los mil 266 procedimientos administrativos aplicados en los municipios que integran el Área de Intervención Prioritaria (AIP) del río Santiago, apenas suman 65 sanciones económicas.

En 680 procedimientos no se conoce el castigo, pues la Proepa, vía Transparencia, consideró esto como información “reservada”, ya que los casos están activos porque cuentan con recurso de revisión, porque se promovió algún medio de impugnación o se solicitó alguna reconsideración o conmutación de la multa.

Mientras tanto, los vecinos piden soluciones a las autoridades de todos los ámbitos de Gobierno. “No hemos visto cambios”, lamentó Alan Carmona, integrante del Colectivo Un Salto de Vida.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Sergio Graf, respondió que es la primera vez que se aborda la problemática de manera transversal. “Es un problema que viene sucediendo desde hace 50 años… (y) que va a tardar en resolverse”. 

El funcionario estatal detalló que, con la Procuraduría Estatal, hicieron una priorización de identificación de las empresas para ubicar a las que podían tener riesgos más altos de estar contaminando.

La Proepa confirmó que ya clausuró a 51 compañías por contaminar el río Santiago, pero se desconoce el estatus actual.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que están haciendo trabajos coordinados con el Programa de acciones para el saneamiento del Santiago.

Identifican a los potenciales contaminadores del Santiago

Sergio Graf, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) de Jalisco, informó que como resultado de las inspecciones realizadas, ya identificaron a 145 empresas que son potenciales contaminadoras del río Santiago.

“El Estado no tiene atribuciones para regular las descargas, esas son federales o municipales. En el caso municipal, firmamos (un) convenio con ellos para regular las descargas a drenaje y, por otro lado, estamos asumiendo y haciendo modificaciones en la ley para inspeccionar las unidades económicas de residuos de manejo especial”, dijo.

Por ello, visitan a cada empresa en el Área de Intervención Prioritaria (AIP) del río Santiago para que tengan y presenten el Plan de Manejo de Tratamiento de Aguas. 

“Por sus procesos productivos y su giro están identificadas como potenciales contaminantes. Estamos inspeccionando y, a aquellas que no tienen un sistema de tratamiento, (las) estamos emplazando para que lo presenten”, afirmó.

Señaló que no sólo son de la industria, sino también giros económicos que por su actividad generan problemas.

“Para hacer los cambios con el sector privado también tiene que haber recursos económicos”, por ello señaló que trabajan con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) para solicitar créditos para plantas de tratamiento de aguas.

Las recicladoras y fabricantes de maquinaria se encuentran entre las compañías que han sido sancionadas de forma económica por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), se informó a través de Transparencia.

Además, se indicó que la Proepa ha clausurado 51 unidades económicas entre el año 2019 y el 6 de septiembre de 2022.

La Procuraduría se encarga de realizar visitas de inspección, levantar las constancias correspondientes y realizar análisis para detectar irregularidades que puedan constituir violaciones a las normas ambientales.

Con información de El Informador